Diario de Noticias de Gipuzkoa

Educación convalidará con un título de FP la experiencia de personas cuidadoras

El gobierno vasco pondrá en marcha la medida a partir de septiembre

Se pretendre acreditar a un alto número de profesionales ligados a la Educación infantil y a la Ley de Dependencia

Donostia. La experiencia es un grado. Sin embargo, esta máxima no tiene reflejo en el mercado laboral, donde un título es indispensable para poder entrar en el juego de las ofertas de trabajo con ciertas garantías. A partir de septiembre, el Gobierno Vasco impulsará la convalidación de las competencias profesionales de aquellas personas que hayan trabajado en los ámbitos de la Educación Infantil y la Ley de la Dependencia, que carezcan de titulación oficial y que acrediten experiencia laboral en el cuidado de personas dependientes o menores. El Departamento de Educación trabajará codo con codo con el de Asuntos Sociales para acreditar con un título de Formación Profesional (FP) un alto número de trabajadores y, de este modo, paliar el déficit personal cualificado que garantice el buen desarrollo en Euskadi de la Ley de Dependencia.

La Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional abrirá en octubre la primera convocatoria a la que podrán presentarse todos los aspirantes que cumplan una serie de requisitos que aún no han trascendido oficialmente. Tal y como ha podido saber este periódico, el área que dirige la socialista Isabel Celaá podría aplicar el Real Decreto de Formación Profesional aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros. Atendiendo a esta nueva norma, que va acompañada de una dotación de 3,5 millones de euros para evaluar a 8.000 personas en todo el Estado, los candidatos deberán justificar, al menos, tres años de experiencia o un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos diez años transcurridos antes de realizarse la convocatoria.

En el caso del profesional que haya adquirido sus conocimientos a través de formación no reglada, habrá de justificar 300 horas de cursos en la última década, y para las unidades de competencia de nivel 1, se precisarán dos años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas.

Una vez formalizada la inscripción en la Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional, las personas con experiencia o conocimientos no formales en estas dos ramas profesionales participarán en un proceso que se divide en tres fases: asesoramiento, evaluación y acreditación, y registro de la competencia profesional.

Proceso En primer lugar, el servicio de información de la agencia orientará a la persona candidata tanto en la formación específica como en el procedimiento de evaluación y reconocimiento de la competencia adquirida y sobre los lugares a los que puede acudir para capitalizar las Unidades de Competencia a través de la superación de los módulos profesionales de los títulos de esa formación específica. Después, el centro en el que ingrese pondrá a su disposición a un asesor que explicará y acompañará al candidato durante el proceso. En tercer lugar, el servicio de contraste evaluará las pruebas y la documentación aportada por el solicitante.

Previo a la realización de las correspondientes pruebas, el equipo evaluador, formado por cinco miembros, examinará la Carpeta de Logros Profesionales, un Dossier Profesional y un test de autoevaluación del candidato, así como el informe emitido por su asesor. Si como resultado de la evaluación el equipo considera que el aspirante posee determinadas competencias profesionales, podrá eximirle de la realización de la parte correspondientes de las pruebas. De lo contrario, se deberá presentar a ellas y, una vez superadas, obtendrá el reconocimiento de sus habilidades.

Por tanto, a partir de septiembre estas ramas eminentemente orientadas al trabajo social se unirán al catálogo de titulaciones que la agencia vasca viene acreditando desde octubre de 2004 y que estaban ligadas a la industria, la informática, el mecanizado y el sector servicios. Además, el Consejo de Ministros aprobó 10 reales decretos que incluyen 28 nuevos certificados de profesionalidad en los que se ha tenido en cuenta factores como la incidencia económica de estos sectores o la demanda que existe en estas áreas.

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