Diario de Noticias de Gipuzkoa

TEDH/Ley de Partidos: cuenta atrás de un proceso irreversible...

L A decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) va a marcar el tiempo y el devenir político futuro de la denominada izquierda abertzale tradicional. Pese a que formalmente es todavía factible un recurso interno, al objeto de que la Gran Sala (compuesta por 17 magistrados, frente a los siete que han integrado la Sala juzgadora) del Tribunal se pronuncie de nuevo, considero mínimas o escasísimas las posibilidades de que tal revisión interna, caso de ser solicitada, sea siquiera admitida a trámite.

La sentencia zanja un debate que no debe situarse en términos de jerarquización o preeminencia entre el trinomio libertad, seguridad y justicia, porque no se pronuncia en torno a la adecuación de la Ley de Partidos al Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. La decisión del Tribunal Europeo no sacrifica en el altar de la seguridad la libertad y la justicia. Lo que hace es marcar un territorio democrático de mínimos, unas reglas de juego imperativas, a modo de frontera, que no cabe superar, a riesgo, en caso contrario, de quedarse fuera del propio marco democrático por parte de quienes desprecian tales bases mínimas de convivencia democrática.

Y lo hace bajo una argumentación técnica que parte de aceptar como válidos los pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Constitucional español, y sobre tal premisa, clave para la comprensión de la decisión, analiza en qué medida las restricciones de derechos como el de asociación, reunión y expresión son compatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asume, de partida, que la decisión judicial de los tribunales españoles en aplicación de la Ley de Partidos supone una afección directa a tales derechos, pero que la misma, la injerencia (en cuanto restricción) de los mismos viene justificada por la proporcionalidad y la necesidad social imperiosa de tales medidas de excepción, sólo justificadas cuando la asociación o partido político ilegalizado suponga una amenaza para la paz civil o para el orden democrático.

El fundamento legal de tal decisión se ampara, además, en que tal decisión no pone en cuestión las ideas independentistas, y cita, sin nominalizar, la validez y plena cobertura legal de otros partidos "separatistas" que coexisten pacíficamente con las demás opciones políticas. Y subraya que no hay democracia sin pluralismo político, amparado y protegido siempre que no se justifique o ampare el recurso a la violencia para la consecución de objetivos políticos. Argumenta que no basta analizar los estatutos de un partido para decretar su ilegalización, sino que es preciso comparar su contenido con los actos, comportamientos y tomas de posición de sus miembros y dirigentes.

Tampoco basta, a juicio de la Corte Europea, invocar la mera ausencia de condena de la violencia para ilegalizar un partido, sino que debe (como estima probado en los casos ahora enjuiciados) apreciarse una serie de comportamientos que permitan apreciar la connivencia y su participación como instrumentos de la estrategia terrorista (bien, señala, favoreciendo un clima de confrontación social, bien realizando una actividad de soporte y/o apoyo al terrorismo de ETA).

La decisión de la Corte Europea plantea muchos más interrogantes que respuestas, y llega en un momento político y social complejo en Euskadi. Creo que el nacionalismo institucional debe liderar una propuesta política que devuelva la esperanza, que "civilice" nuestro futuro, que siente las bases para un acuerdo definitivo, sobre unas bases en las que asentar nuestra convivencia social y política.

Parto de la premisa, que creo comparten muchos militantes del sector de la izquierda abertzale, de que un asesinato, o el uso de la violencia en clave política, se podrá intentar explicar (en un intento de descender a las claves del empleo del terrorismo como arma política), pero NUNCA justificar ni compartir. No hablo de la exigencia hueca e hipócrita de la mera condena, hablo de que el desmarque ha de venir por la ausencia de toda justificación y de todo umbral de comprensión.

El contador político se pone a cero con la referencia temporal de las elecciones municipales y forales de 2011; la única representatividad institucional que por el momento mantiene decaerá para esa fecha si antes no se impone la política sobre la irracionalidad de las armas.

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