
El coordinador general de Lokarri, Paul Ríos, posa en una céntrica plaza de la capital donostiarra.Foto: gorka estrada
donostia. Consciente de que las casi nulas posibilidades de que la consulta puede celebrarse el 25 de octubre, Lokarri, red ciudadana para el diálogo y la consulta, está reflexionando sobre cómo poner en práctica algún tipo de ejercicio consultivo entre la ciudadanía. "Estamos estudiando las distintas posibilidades, contrastándolas y viendo si queda algún resquicio para que pueda haber algun ejercicio de defensa práctica de la consulta", explica Ríos.
¿Qué opina de la iniciativa del lehendakari emplazando a la ciudadanía vasca a demandar a España en Europa por impedir la consulta?
Lógica y legítima. El lehendakari está reivindicando un derecho legítimo básico, como es la posibilidad de celebrar una consulta a la sociedad. Si la consulta no va a poder celebrarse el 25 de octubre es normal que apeles a todas las instancias que puedas para denunciarlo, y lo más normal es acudir a Estrasburgo, que es quien debe velar por los derechos de todos los ciudadanos europeos.
Aunque aún no se ha pronunciado, el lehendakari no tiene dudas sobre la negativa del Tribunal Constitucional a la Ley de Consulta. ¿Comparte el pesimismo de Ibarretxe?
Yo mantengo la esperanza en que el Tribunal Constitucional dicte una resolución que deje alguna puerta abierta, aunque creo que es más un deseo que una realidad. En cualquier caso, diga lo que diga el Constitucional, las consultas han irrumpido en el debate político para quedarse. No es una propuesta transitoria. No creo que exista una salida a la paz y a la normalización que no pase por convocar una gran consulta popular. El reto al que nos enfrentamos es el de tener la suficiente imaginación constructiva como para elaborar propuestas nuevas que nos acerquen a ese deseo de que la ciudadanía pueda ser consultada sobre estas cuestiones.
En cualquier caso, parece difícil sacar adelante una iniciativa como la consulta sin el apoyo de la mitad del Parlamento Vasco.
Yo no voy a hablar de la posición de los partidos, porque no es un asunto de mi competencia. Lo que hay que tener en cuenta es que se trata de una iniciativa novedosa con la que no estamos familiarizados, aunque lo cierto es que nos ha faltado generar calor social. Si hubiera habido un movimiento social importante a su estela habríamos avanzado bastante más. Pero, además, nos encontramos con un obstáculo objetivo como es la presencia de ETA. ETA no impide la celebración de la consulta pero distorsiona el recorrido hasta su celebración. Pero es un primer paso y si se sigue trabajando en esta línea, tratándose de una propuesta tan legítima y tan democrática, estoy convencido de que acabará calando hasta en los sectores que ahora son reticentes.
Antes del verano Lokarri demandó una campaña de información para explicar el contenido de la consulta. ¿Cree que la sociedad no sabe de qué le hablan?
Una vez que la ley ha sido aprobada, conociendo la posición de cada partido, tú tienes que utilizar los medios a tu alcance para hacer el esfuerzo de llegar a la ciudadanía. Se podía y se puede hacer más. Tiene que haber una campaña de comunicación intensa que se mantenga en el tiempo. Somos una sociedad madura democráticamente, pero aún no hemos dado el paso de comprender la potencialidad de las consultas, especialmente en el ámbito de la paz y la normalización.
¿Cuáles son las bondades de la consulta para la paz y la normalización de Euskadi, según Lokarri?
Aparte de que se trata de un derecho, la consulta también sirve para autoresponsabilizarnos de los problemas que tenemos. La responsabilidad de que se resuelva el conflicto, principalmente, es de ETA, de los gobiernos y de los partidos, pero la ciudadanía tiene un papel que cumplir y la mejor manera de aportar es convocando una consulta. Ha llegado el momento de que la responsabilidad ciudadana no se limite a votar cuando nos convocan a las elecciones, sino que tiene que ir más allá. Es avanzar un paso más en la democracia. Alguna vez tiene que ser la primera ocasión. Tenemos que entrar en los estándares europeos. No puede ser que una sociedad como ésta, históricamente tan participativa, no haya tenido nunca la oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión.
Se ha dicho que el resultado de la consulta puede dejar a ETA sin excusas para justificar su actividad armada. ¿Cree usted que una consulta puede influir en una organización como ETA?
A mí me gustaría pensar que si la gran mayoría de los ciudadanos decimos que la violencia tiene que parar y que debe haber un proceso de diálogo para darle carpetazo a esta historia, pues que ETA dijese que realmente hay que parar. No creo que vaya a ocurrir. Con ETA hay que tener claras dos cosas: la primera, que tiene que parar, que no puede haber más violencia; en segundo lugar, a ETA no se le puede conceder el espacio de juego político. Rubalcaba ha dicho esta semana que ETA tiene menor influencia política que nunca. ¿A qué se debe? Rubalcaba lo explica con la política de presión judicial y policial sobre ese mundo, pero yo creo que se debe a que se han lanzado propuestas que no pasan por ETA, iniciativas que le restan capacidad para entorpecer la política vasca. Iniciativas como la de la consulta le quitan terreno político a ETA y le sitúan en un terreno de juego exclusivamente militar donde no se siente tan cómoda; su objetivo es influir políticamente.
Tras la ruptura del último alto el fuego, el pesimismo sobre el final de ETA y el cierre del conflicto gana terreno en la sociedad vasca.
En cierta manera es normal. Lo de la tregua y el proceso de paz parecía tan definitivo que todos nos hicimos la ilusión de que llegábamos al final y, de repente, no sólo no es que no tenemos final sino que hemos vuelto al peor de los escenarios. Lo peor de esta situación es que si desistes, que si te desentiendes del problema, supone el triunfo de ETA o de los que no desean una solución que nos implique a todos. Hay que rebelarse contra ello y buscar una salida. No obstante, reconozco que tenemos tan lleno el vaso de las esperanzas frustradas que ahora cuesta mucho llegar a la sociedad con un mensaje de esperanza.
¿Perciben ustedes el hartazgo de los ciudadanos?
En general, los movimientos sociales atraviesan una coyuntura de crisis, en cualquier ámbito, pero en el de la paz y la normalización especialmente. Nosotros hemos notado que en las campañas participa menos gente, que las convocatorias tienen menos éxito; herramientas como las concentraciones parece que han pasado a la historia. Lo estamos notando, pero tenemos que seguir tratando de encontrar esa llave que conecte el motor ciudadano. Pero es cierto que hay un hastío al que va a ser difícil darle la vuelta
Lokarri apela al diálogo como herramienta para acabar con el conflicto. Sin embargo, en España no hay más discurso que el de la derrota policial y judicial de ETA.
Entiendo que Rubalcaba diga eso, de lo contrario la opinión pública española se le tiraría al cuello. A mí lo que más me preocupa es constatar que se han cerrado casi todos los canales de comunicación. Cualquier gobierno enfrentado a un asunto como éste tiene que tener cauces abiertos, aunque sólo sea para tomar la temperatura.
¿Qué esperan del nuevo pacto antiterrorista que promueven el Gobierno de Zapatero y el PP?
Si el nuevo pacto antiterrorista supone derogar la resolución del Congreso de 2005 nos parecería un grave error. Si se mantiene, tal vez no nos guste la letra del nuevo documento pero por lo menos ves que hay una disposición a que si se dan las condiciones se pueda retomar el proceso de paz. Si al final se va a concretar que PSOE y PP van a redactar un pacto a dos con las mismas claves que el anterior y para hacer lo mismo, eso ya se ha demostrado que en el corto plazo te puede generar algún tipo de resultado pero a largo plazo sólo se acumularán los problemas. No hay más que ver las dificultades que tuvieron los socialistas para reunirse con Batasuna en el proceso de paz. Repetir exactamente lo que hizo Aznar ya sabemos a dónde nos conduce.
¿Cómo ve a ETA?
La impresión que tenemos es que han cerrado un debate y que han decidido regresar a la lucha armada con todas las consecuencias. Normalmente cuando ETA regresa a su actividad armada suele hacerlo para varios años. La cuestión es que ahora ETA no tiene estrategia política, no tiene un horizonte político hacia el que caminar. ¿Qué tipo de diálogo puede plantear al Gobierno tras la última experiencia? Es una vuelta a la lucha armada pero vacía de contenido político.
Esta semana comienza la vista que puede acabar con la ilegalización de ANV y EHAK y, consecuentemente, la clandestinización del conjunto de la izquierda abertzale.
No se puede seguir vendiendo la ilusión de que al ilegalizar un partido desaparece ese sector social. Ese sector social sigue existiendo, tiene derecho a votar, a participar, a organizarse… O todo vale o la respuesta a ETA tiene que ser escrupulosa con los derechos humanos, para que como Estado no concedas ninguna excusa. A ETA hay que responderle con más democracia y más derechos humanos. En este dilema parece que hay quien sigue empeñado en seguir el camino que inició Aznar.
La puesta en libertad de Iñaki De Juana ha puesto de relieve el problema de la convivencia de las víctimas con los activistas de la organización que dejan la cárcel.
Hay una primera cuestión que es humana. Es muy doloroso que una persona que ha pertenecido a ETA y tiene delitos de sangre conviva junto a familiares de víctimas de esa misma organización. Humanamente creo que eso debería evitarse. En cualquier caso, este asunto revela uno de los asuntos clave del problema vasco, que es el de la reconciliación. Cómo compatibilizar el que ciudadanos que han cumplido su condena puedan convivir con normalidad con personas que han sufrido los efectos de la violencia y que eso se pueda hacer de una manera no destructiva, como se está haciendo ahora. Es un problema que está aflorando y que se está gestionando mal. Se ha entrado en una espiral muy peligrosa que dice que hasta que todas y cada una de las reivindicaciones de las víctimas no estén satisfechas no se pueden afrontar otras problemáticas. Es lo que ha ocurrido con el informe sobre otras víctimas del conflicto.
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