
Comas, ayer, en el palacio Miramar de Donostia.Foto: iker azurmendi
donostia.¿Cómo ha evolucionado la lucha legal contra la discriminación de las mujeres en los últimos años?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue el primer texto normativo que reconoce el derecho a la igualdad y a que a las personas no se las distinga en función del sexo y de la raza. Éste es un punto de partida importante que nos hace pensar que, 60 años después, las situaciones de discriminación a nivel mundial son todavía muy importantes.
¿Esa transformación ha sido lo suficientemente profunda en el Estado?
A pesar de contar con un recorrido democrático, los resultados en materia de igualdad efectiva, en mi opinión, son muy lentos. La tasa de actividad femenina es un 22% inferior a la masculina y la media de los salarios de las mujeres es un 29% menor que la de los varones. Ellas ocupan puestos inferiores, peor cualificados que los varones, y socialmente se está lejos de alcanzar el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las tareas domésticas.
¿Los ámbitos laboral y familiar son los campos mas renqueantes?
Además de eso, desde luego, la máxima expresión de desigualdad entre hombres y mujeres es la violencia de género. Las causas que provocan la violencia contra las mujeres son de raíz discriminatoria.
¿Las leyes van por delante o por detrás de la realidad social?
El Derecho y, por lo tanto, las leyes, están siendo un motor de cambio en este campo. Lo demuestran normas tan importantes como la Ley de Igualdad o la Ley contra la Violencia de Género, así como la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Son buenos instrumentos de transformación social que han puesto en cuestión conductas y modelos tradicionales y ofrecen instrumentos para cambiar esa realidad.
¿Pasarían todas las leyes un test de igualdad hoy día?
Las leyes, todas, no pueden discriminar por razón de sexo. La Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a no ser discriminado por razón de sexo como un derecho especialmente protegido. Las leyes pasan el filtro constitucional cuando un ciudadano pone un recurso o se impugna una ley. Por lo tanto, ahora la cuestión no son las leyes, sino cómo hacer políticas activas públicas para superar o transformar situaciones de discriminación.
¿Cómo se consigue ese cambio?
Esto implica medidas de acción positiva, reconocidas por el Tribunal Constitucional y que, gracias a las leyes de igualdad, sirven para avanzar en el camino de la igualdad efectiva. Estas leyes regulan cuestiones tan importantes como la discriminación directa o indirecta, la tutela que han de recibir las personas discriminadas y, en el terreno electoral, la democracia paritaria.
Algunas voces, sin embargo, critican que la discriminación positiva no favorece la igualdad real.
Me gusta la denominación de acción positiva. No se trata de discriminar a los hombres, sino de beneficiar a colectivos que están en situación de discriminación, precisamente para lograr la plena equiparación. El Tribunal Constitucional ya reafirmó la constitucionalidad de la llamada democracia paritaria. Cuando se trata de lograr la equiparación después de situaciones históricas de discriminación, son medidas necesarias.
¿Está acompañando la sociedad la vía legal hacia la igualdad?
Es vital cambiar valores culturales y, por ello, hay que entender que no se trata de un problema exclusivo de las mujeres, sino de toda la sociedad, por lo que deben implicarse todos los poderes. Porque, hasta que no exista corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas domésticas, cuidado de hijos y asistencia de mayores, las mujeres seguirán relegadas en su formación profesional y en las remuneraciones, por ejemplo.
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